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El enfrentamiento entre Mendoza y la Nación pone en peligro la licitación.

La onda expansiva de la bomba que estalló el viernes en Buenos Aires llegó lunes a la tarde a la provincia de Mendoza y ya ha causado graves daños y amenaza con poner en riesgo la licitación para la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, de 210 MW.

Los destrozos comenzaron a sentirse cuando a última hora del día el consorcio conformado por China International Water & Electric (CWE), Decavial y Harbin Turbine Company le comunicó al ministro de Economía y Energía local, Enrique Vaquié, que finalmente no participaría del proceso por el “escándalo político” que generó la decisión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto.

Esto provocó conmoción en el equipo del gobernador Rodolfo Suárez, ya que deja a la UTE Sinohydro (46%), IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%), Obras Andinas (OASA) (16%), con la participación de China Gezhouba Group Corporation (CGGC), como la única posible oferente en la licitación, que viene siendo cuestionada por las principales constructoras del país y la cámara que las reúne.

Si bien todos dan por descontada la presencia de este consorcio, que fue el único que hasta ahora compró los pliegos, sus miembros se reunirán mañana para decidir si finalmente presentan o no la propuesta que ya tienen terminada, afirma una fuente que conoce de cerca el proceso.

En la administración de Suárez, todos rezan para evitar que la UTE Sinohydro-IMPSA-CEOSA-OASA desista de participar de la licitación porque, si esto ocurriera, la dejaría desierta, lo que desataría un escándalo en la provincia y se convertiría en el segundo gran fracaso de su gestión, luego de que tuviera que dar marcha atrás con las reformas a Ley de Minería, veinte días después de haber asumido.

La decisión del consorcio CWE-Decavial-Harbin de abandonar el proceso se basó en tres factores fundamentales que hicieron que les resultara imposible presentar su propuesta, pese a haber invertido cerca de un millón de dólares y a que tiene “un precio altísimamente competitivo, de cerca de 600 millones de dólares” y a que pensaba que “podía ganar”, señala una segunda fuente.

La primera es por la decisión del COIRCO de llevar adelante un nuevo estudio de impacto ambiental regional para el proyecto Portezuelo de Viento en toda la cuenca del río Colorado, ya que esto va a provocar una lucha política que podría paralizar el desarrollo de la central hidroeléctrica multifunción y las compañías estatales chinas no quieren meterse en un conflicto de este tipo, explica.

El viernes el Consejo de Gobierno de la entidad había aprobado la medida por 4 votos (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén) contra 1 (Mendoza), resultado que era esperado por los cuyanos. Como las resoluciones deben tomarse por unanimidad, automáticamente se disparó la cláusula que establece que el Presidente de la Nación debe laudar sobre el tema en un plazo de treinta días.

Ahora, la decisión la tendrá Alberto Fernández, quien había sido el encargado de politizar la licitación cuando anunció en Santa Rosa el 5 de junio: “No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)” y en cierta forma adelantó su fallo cuando sostuvo que “no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega”.

“El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa”, afirmó el ex mandatario mendocino y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, en Radio Nihuil.

Desde la administración de Suárez, sostienen que estas medidas del gobierno nacional se deben a que el bloque de senadores de Juntos por el Cambio anunció el 4 de junio que rechazaría el pliego del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, cuando pueda ser tratado. Para conseguir los dos tercios de los votos de la Cámara Alta que precisa para lograr la aprobación del magistrado como jefe de los fiscales, Alberto Fernández necesita de los cuatro legisladores mendocinos y jujeños de la oposición.

“Las medidas que está tomando el Presidente es por el tema Rafecas. Lo van a poner en la picota a Cornejo. Es un apriete político – afirma una tercera fuente -. Estábamos esperando cuál iba a ser la moneda de cambio por los desembolsos de fondos para el proyecto que nos venían haciendo. Sabíamos que algo iba a llegar en algún momento”.

Una cuarta fuente cercana a Suárez concuerda y agrega: “El gobierno nacional está buscando un relato para justificar cualquier tropelía y lo del COIRCO le permite hacerlo. Esto puede verse también en la cantidad de fondos que se comprometió a enviarle el Tesoro para combatir el COVID19: 1.900 millones de pesos, o sea, 955 por habitante una desproporción frente a otras provincias amigas”.

Este monto es mucho menor a los 5.200 millones que había solicitado Mendoza y que aún no se lo transfirió y por debajo de los 8.203 millones asignados a Santa Cruz, 8.078 millones a Chubut, 7.529 millones a Neuquén, 3.541 millones a Tucumán, 2.525 millones a Entre Ríos y 2.075 millones a Chaco, que tienen muchos menos población que Mendoza, detalla la tercera fuente.

Ante este panorama, el gobernador se quedó sin margen de maniobra ya que postergar la apertura de los sobres de la licitación, prevista para el 3 de julio a las 10, implicaría una señal de debilidad frente a sus votantes y al gobierno nacional, lo que deja su suerte supeditada al resultado del concurso de precios.

“Suárez no se puede retrotraer porque le explota la provincia y lo mismo le ocurre al gobernador de La Pampa, después de toda la campaña que viene haciendo en contra del proyecto”, señala la primera fuente.

El segundo punto llevó a que el consorcio CWE-Decavial-Harbin abandonara la licitación fue que los pliegos exigían que las UTEs que planean participar de la contienda estuvieran inscriptas diez días hábiles antes de presentar las ofertas, algo que consideró inaceptable.

“Esto generó problemas de compliance (cumplimento) para las empresas chinas y argentinas, además, viola lo establecido en la Ley Penal Empresarial, ya que esto le permite al gobierno y a los competidores conocer quiénes serán los participantes en la licitación, algo que no pasa en ninguna parte, y poder interferir en ella dando lugar a una posible cartelización”, sostiene la segunda fuente.

Esta es uno de los reclamos que el consorcio le presentó al Ministerio de Economía y Energía mendocino, pero fue desoído. “La consulta llegó fuera de tiempo, hace pocas semanas, y pensamos que no era algo importante, por lo que le restamos importancia”, sostiene la cuarta fuente.

Finalmente, el tercer punto que hizo desistir al consorcio fue que el gobernó mendocino aún no estableció el trazado que tendrá la línea de alta tensión de 220 kV que conectará a la central hidroeléctrica con la Estación Transformadora (ET) y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ni gestionó los permisos correspondientes con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), algo indispensable para realizar las obras que se adjudicarán en la licitación.

“Este problema es importante ya que se trata de una línea de 250 kilómetros de largo que atraviesa muchos campos en el camino que hay que expropiar y aún no se ha hecho nada de eso. Cada expropiación va a terminar en un recurso de amparo que prolongará mucho el proceso – destaca la cuarta fuente -. A su vez, el ENRE y CAMMESA cobran una tasa del 3% para la aprobación de los permisos que para una obra de 150 millones de dólares como esta implica que la constructora tiene que pagar 4,50 millones y eso no está contemplado en los pliegos”.

Las complicaciones

La decisión que tomó el COIRCO el 26 de junio de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental regional para el proyecto Portezuelo del Viento era algo que el gobierno de Suárez esperaba que ocurriera desde que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, decidió revocar el 4 de junio la resolución 2019-604-APN-M que había tomado su antecesor, Rogelio Frigerio, el 28 de noviembre de 2019, y convocara a la reunión del Consejo de Gobierno.

“El resultado estaba cantado desde de que De Pedro desarchivó el pedido de La Pampa”, resalta la cuarta fuente. Lo que la provincia había solicitado era que los cinco gobernadores votaran el relevamiento que habían realizado las universidades Del Litoral y La Plata, contratadas por la propia entidad, y que había sido aprobado por 4 a 1 por su Comité Ejecutivo el año pasado. Esto derivaría en un nuevo laudo presidencial ya que el resultado iba a ser el mismo.

“Viendo perdido su caso y fiel a su estrategia, La Pampa pretendió embarrar la cancha una vez más pidiendo una nueva e innecesaria intervención del Comité de Gobierno para obligar a un nuevo laudo presidencial y así seguir demorando el proceso. Esto fue correctamente rechazado por el ministro del Interior y archivado”, resalta el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, en su cuenta de Facebook.

La nueva votación del COIRCO pone, ahora, en manos de Alberto Fernández la decisión final sobre el tema, lo que podría demorar al menos tres meses. Según el artículo 29 del estatuto de la entidad “el árbitro tendrá treinta días para recabar las informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes, mediante decisión fundada”.

Por el momento, Suárez no se ha comunicado con el Presidente para conversar sobre este tema, explica una quinta fuente cercana al mandatario provincial. Sin embargo, destacan que dan por hecho que votará a favor de lo propuesto por La Pampa, basado en lo que dijo en Santa Rosa el 5 de junio.

“El río Atuel (sic) no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos. No hablo en contra de nadie, llamo a la reflexión a todos porque quien tiene la suerte de que en su territorio nace un río, no le da derechos hacer de él lo que le plazca. Quiero que el agua llegue a todos, porque argentinos son todos no solamente de los que nacieron en la provincia donde ese río nace. Hay que integrar también a las provincias entre sí – afirmó Fernández en conferencia de prensa -. Tenemos que cambiar y revisar muchas cosas. La naciente de un río no determina su propiedad, hay que tener presente eso. Este termina y confluye con otros que llegan a muchas provincias. Es un criterio de solidaridad. No puedo resolver mi problema a costa del de al lado. Creo que tengo que encontrar una solución con Mendoza, la obra tiene sentido si todos participan de su administración de la obra: si entre todos resuelven cuándo debe pasar más agua o no”.

El nuevo estudio de impacto ambiental regional, que los mendocinos sostienen que ya fue hecho por las universidades de La Plata y El Litoral, podría demandar “mínimo un año y medio, según cálculos del secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. “Ese era el defecto del estudio que hizo Mendoza…lo hicieron en apenas ocho meses y a La Pampa vinieron solo una vez, señala el funcionario en una entrevista con El Diario de La Pampa.

La administración de Suárez niega que esto sea así y que, en caso, de que esto ocurra sostiene que el “Comité Ejecutivo del COIRCO, que aprobó el anterior, debería presentar la renuncia porque estarían desconociendo su autoridad”, resalta la cuarta fuente.

Desde La Pampa, a su vez, reclaman que el funcionamiento de Portezuelo del Viento debe ser administrado por las cinco provincias que forman parte de la cuenca del río Colorado y, además, estudiar si su tamaño y características son las que les convienen a todos sus miembros, algo que los mendocinos se niegan a hacer.

“Para determinar la magnitud de una obra, debe contemplarse la Ley Nacional de Obras Hidráulicas y debe realizarse un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca”, afirma su gobernador Sergio Ziliotto, en una entrevista con Letra P.

En este punto, es donde Mendoza sostiene que se está produciendo una irregularidad en el procedimiento ya que la norma a la que hace alusión La Pampa y, que podría implementar la administración de Alberto Fernández si lauda a favor de repetir el relevamiento, es inconstitucional porque quedó caduca cuando se aprobó la reforma de la Carta Magna de 1994.

En su artículo 1, la Ley 23.879 del 24 de octubre de 1990 establece que “el Poder Ejecutivo procederá a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, producen o podrían producir en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y/o planificadas, sean éstas nacionales o extranacionales”.

Sin embargo, el artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 instituye “que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

“Esta ley establece que el gobierno nacional decide sobre las obras, pero desde la reforma del 94 el manejo de los recursos hídricos pasó a las provincias por lo cual no tiene injerencia. Pese a que no está reglamentada, la usó por primera vez la administración de Mauricio Macri con las represas de Santa Cruz porque era una obra nacional – señala la cuarta fuente -. En el caso de Portezuelo, se trata de una obra de Mendoza. Si el gobierno sigue adelante, en el largo plazo tendremos que apelar ante la Justicia para que declare inconstitucional la ley”.

Todo sigue

A pesar de la decisión del Consejo de Gobierno del COIRCO de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental regional, Mendoza seguirá adelante con el cronograma de la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento ya que considera que el Comité Ejecutivo de la entidad ya aprobó ese relevamiento por 4 a 1 a través del acta 70 de 2019.

De esta forma, su Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública planea abrir las primeras ofertas el 3 de julio a las 10 y, luego, hacer lo propio con las propuestas técnicas, que incluyen una básica, una alternativa obligatoria y variantes, el 11 de agosto, y con las económicas (que constan de estas mismas opciones), el 16 de noviembre.

Luego, la provincia se tomará un par de meses para analizar las propuestas y preadjudicará la obra al consorcio que resulte ganador, sin importar la cantidad de participantes. A partir de allí, podría extender hasta 18 meses el plazo para adjudicar el contrato ya que, en ese tiempo, espera tener más clara la foto política y tiempo para resolver todos los problemas del estudio de impacto ambiental, explica la cuarta fuente.

Pese a esto, la segunda fuente sostiene que “no se va a poder adjudicar porque va a haber una sola oferta que va a ser más cara de los 800 millones de dólares que se esperaban, porque saben que nadie más va a participar”.

En tanto, desde La Pampa tampoco esperan quedarse quietos. Por eso, Lastiri amenaza: “Si Mendoza sigue adelante con el proceso de licitación de Portezuelo del Viento va a incumplir la ley…y eso tiene sus consecuencias”.

Si bien existe una gran incertidumbre en el gobierno de Suárez sobre lo que pueda ocurrir el viernes, la mayor preocupación reside en la actitud que pueda tomar el gobierno nacional ante la decisión de seguir adelante con el concurso de precios pese a la decisión del COIRCO y a no contar aún con un laudo presidencial.

“Siempre queda la duda de si van a seguir pagando. El talón de Aquiles puede ser que no te quieran mandar el dinero después de esto”, destaca la cuarta fuente y Cornejo concuerda: “Mi opinión es que la van a seguir trabando. Y espero que no traben los pagos porque si eso pasa hay que ir a la Justicia a ejecutar cada una de las cuotas que nos deben”.

Esta preocupación no es infundada. El propio Alberto Fernández lanzó la amenaza durante su visita a Santa Rosa el 4 de junio. “El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré – advirtió -. Si puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde llegue el río Atuel (sic). No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)”.

Técnicamente, el gobierno nacional no podría hacerlo ya que no está fondeando las obras sino pagando un acuerdo extra judicial al que llegó Néstor Kirchner con el por entonces gobernador de la provincia, Julio Cobos, el 29 de agosto de 2006 para terminar con una disputa entre ambas partes que los cuyanos estaban llevando a cabo en la Corte Suprema, por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial que superaban los 7.000 millones de dólares, y que fue ratificado por ambas partes y por el Tribunal el 15 de diciembre de 2009.

El 23 de diciembre de 2016 el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y Cornejo firmaron un convenio para la ejecución de la obra que incluía el esquema de pagos a través de Letras del Tesoro (Letes) intransferibles por un total de 1.023.362.922 dólares que le depósito a Mendoza en una cuenta en el Banco Nación, cuyos fondos son transferidos a medida que van venciendo (el último día hábil de enero, abril, julio y octubre de cada año) a un fideicomiso constituido para el desarrollo del proyecto.

El esquema incluía un primer desembolso de 6.995.785 de dólares en 2019, que fue abonado por la administración de Cambiemos el 31 de octubre y, luego, otros cuatro que debía realizarlo Fernández a lo largo de 2020. Hasta ahora, cumplió con el de 16.339.783, el 31 de enero, y el de 18.579.735, el 28 de abril, y aún le queda pendiente uno de 29.990.796, el 31 de julio, y otro de 78.826.151, el 30 de octubre.

En los siguientes años, deberá pagar en cuatro cuotas 232.981.393 dólares en 2021; 211.223.484 en 2022; 448.025.782 en 2023 y, por último 45.310.327 en 2024 cuando se pensaba originalmente que debía estar terminadas las obras.
Incluso, si el COIRCO decidiera que Portezuelo del Viento no se puede construir por cualquier tipo de razón, el Tesoro debería seguir abonando los vencimientos de los títulos de deuda ya que el acuerdo que firmaron ambas partes establece los fondos son para este proyecto y/u “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
En caso de que el gobierno nacional decidiera tomar esa decisión, incurriría en una cesación de pagos, por lo que la administración de Suárez recurriría a la Corte Suprema para intimarla a cumplir con sus obligaciones, lo que postergaría todos los tiempos de la licitación o, en caso de hacerlo una vez que esté adjudicada, paralizaría las obras.

Lo que sí podría hacer Alberto Fernández es reperfilar estos títulos como lo hizo con el resto de los bonos, aunque el 5 de abril los dejó afuera del decreto 346, del 5 de abril, que firmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el que estableció el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en moneda extranjera.
Si bien el Presidente sostuvo en su visita a La Pampa que no lo hizo porque “no está en el mercado, es un pagaré”, desde la administración de Suárez consideran que esto es incorrecto ya que se tratan de un bono. Por esa razón, están preocupados por la posibilidad de que pudiera modificarse la norma y sumarlos a las demás obligaciones negociables que ya fueron postergadas, lo que paralizaría todo el proceso.

Por HERNAN DOBRY

FUENTE: DESARROLLO ENERGETICO