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El avance de las energías limpias en la región es notable, y Argentina deberá acomodar algunas variables para no perder el tren de competitividad.

La desregulación de la economía que propone el Gobierno de Javier Milei a través de la Ley Ómnibus genera una bocanada de esperanza a las expectativas del sector de las energías renovables, que espera la profundización de medidas y acuerdos para acelerar iniciativas que fomenten la inversión privada y lograr financiamiento, principalmente para el transporte eléctrico.

Hay dos cuestiones prioritarias que encabezan la lista en la agenda de temas del sector en Argentina: solucionar los cuellos de botella por la falta de inversión en las redes de transmisión eléctrica y la necesidad de impulsar un proyecto de ley de transición energética que cubra los requerimientos de esta industria.

Este último punto integra el conjunto de propuestas presentadas por las empresas que integran la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) al nuevo Gobierno de Milei.

«Apuntamos a enmarcar en un solo proyecto de ley todos los diferentes aspectos, desde la generación de energía eléctrica basada en fuentes renovables hasta la eficiencia energética, para que estén todos bajo un mismo paraguas», aseguró Santiago Sajaroff, presidente de Cader.

Generar incentivos a largo plazo para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, y promover la creación de herramientas de financiamiento para el desarrollo de proyectos renovables, constituyen hoy los aspectos clave.

Desde el sector insisten con la idea de que las energías renovables pueden contribuir a la seguridad energética sustituyendo importaciones de hidrocarburos. «Existe complementariedad entre los recursos energéticos disponibles en el país», apuntaron.

«Resulta clave que el país se adelante al posible establecimiento de barreras paraarancelarias relacionadas con la huella de carbono y la intensidad energética de los productos de exportación a través de la implementación de programas de neutralidad de carbono para las empresas y un mercado de certificados ambientales», advirtieron desde las empresas del sector.

En el evento de cierre del año del sector, Martín Dapelo, consultor en energías renovables y eficiencia energética, manifestó que «todavía es prematuro para esperar definiciones del nuevo Gobierno, aunque reconoció que el objetivo es expandir el uso de las renovables, las cuales ya no son consideradas sólo como una energía alternativa, sino como un complemento de la matriz energética».

El avance de las renovables en la región es significativo y en ese sentido los expertos consideran que Argentina deberá ajustar algunas variables de la macro actual.

Brasil, por ejemplo alcanzó los 24 GW de generación distribuida con más de 2.300.000 usuarios y Colombia se fijó una meta de 7 GW para 2030. En tanto, en Argentina según los últimos datos oficiales de Cammesa, alcanzó los 1.909,1 GWh, y de esta manera cubrió el 16,02% del total de energía consumida.

El sector sigue avanzando hacia el objetivo de alcanzar, en 2025, el 20% del abastecimiento eléctrico con fuentes renovables.

Las principales empresas generadoras de energías renovables son Genneia, Petroquímica Comodoro Rivadavia, YPF Luz, Goldwind, JEMSE, Pampa Energía y Central Puerto entre otras.

La energía eólica encabeza el ranking con el 70% (1.442 GWh). Lo siguen la energía solar con el 13,4% (254 GWh); pequeños aprovechamientos hidroeléctricos con el 4,8% (93 GWh); biomasa con el 4% (77 GWh) y biogas con el 2,2% (43 GWh).

En el mundo ya se habla de duplicar la tasa de eficiencia energética y triplicar la capacidad instalada de energías renovables. El objetivo es pasar de los 3.200 GW a más de 11.000 GW para 2030. Esto implica sumar 1.000 GW por año.

Hace un tiempo Cader elaboró un punteo con propuestas para desarrollar las energías renovables en Argentina como política de Estado en el marco de la transición energética, con el objetivo de que todas las fuerzas políticas del país, tanto del oficialismo como de la oposición, tomen a consideración para la planificación de la matriz energética en los próximos años.

Desde la implementación del marco regulatorio establecido por la Ley 27.191 en 2015 y la Ley 27.424 en 2016, las energías renovables han demostrado su capacidad para contribuir a la transición energética que requiere transitar el país.

«El rol de planificación del sector público resulta clave para traducir los objetivos nacionales en una hoja de ruta que asegure la continuidad de las inversiones, posibilitando el desarrollo industrial del país y la creación de empleo de calidad en todo el país», explicaron desde la cámara.

«A fin de cumplir los objetivos que plantea la Ley 27.191 para alcanzar 20% de la matriz eléctrica en 2025 conformada por energías renovables, es necesario adoptar una política de Estado de mediano y largo plazo, así como asegurar condiciones macroeconómicas estables, que permitan generar las condiciones necesarias para la financiación de los proyectos renovables y la expansión del sistema de transmisión de electricidad en alta tensión, que constituyen premisas necesarias para el desarrollo del sector», subrayaron.

La energía eólica encabeza el ranking con el 70% (1.442 GWh). Lo siguen la energía solar con el 13,4% (254 GWh); pequeños aprovechamientos hidroeléctricos con el 4,8% (93 GWh); biomasa con el 4% (77 GWh) y biogas con el 2,2% (43 GWh).

En este sentido, el horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota de, al menos, 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París y en línea con la reciente publicación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Esto sería especialmente relevante para dar señales de mediano plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector.

La falta de crédito internacional en términos de tasa y plazos consistentes con la inversión ha impactado al sector desde 2018. «Por ello, es necesario revisar lo resuelto por la Res.SE 1260/2021 a fin de desbloquear la capacidad de transmisión ocupada por proyectos afectados por tales circunstancias, que están escalando sus conflictos con el Estado Nacional ante la falta de incentivos adecuados para liberar tal capacidad, hoy ociosa en virtud de tal bloqueo (siguiendo el ejemplo de lo que se hizo para el Mater a través de la Res. SE 551/2021)», sostuvieron desde Cader.

En el marco de la transición energética, Gustavo Castagnino, Director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia, destacó que «la industria renovable hoy es más competitiva que la de las convencionales, dada la evolución de la tecnología y los excelentes recursos eólicos y solares que se encuentran en el país».

Sin embargo, pese a ser una gran oportunidad para el sector, aclaró que «hoy tenemos un gran cuello de botella que atenta contra el crecimiento de las energías limpias y tiene que ver con la falta de capacidad de transporte».

«Son necesarias muchas obras de infraestructura, sobre todo en las líneas de transmisión que permitan que la enorme demanda de energías renovables pueda ser alcanzada por la oferta. Por eso es importante que, más allá de los distintos desafíos que presenta el cambio de matriz energético globalmente, podamos continuar trabajando a nivel nacional en acceso a financiamiento y soluciones concretas para la expansión del sistema de transmisión», dijo ante El Economista.

Al menos quienes conocen de cerca a esta industria apuestan a que Argentina pueda cumplir con sus metas de descarbonización y reducción de gases de efecto invernadero. Para eso, aseguran que es primordial que la promoción de energías renovables sea una política pública en las próximas décadas.

«Los cambios de Gobierno no deben generar cambios de políticas bruscas que generen un clima de no inversión y por eso es preciso contar con una estabilidad que garantice una mayor penetración de las energías renovables», concluyó Castagnino.

por Daniel Barneda

FUENTE: EL ECONOMISTA