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Estiman que un 40% de los proyectos podrían darse de baja por falta de acceso al mercado o incumplimiento de requisitos.

El «boom» de las energías renovables también tuvo su contracara. Muchos proyectos no alcanzaron a ponerse en marcha, por falta de financiación, problemas de diseño y otros inconvenientes. Transcurrido un plazo, el Estado está facultado para rescindir esos contratos. A través de una resolución, la Secretaría de Energía trabaja para ordenar ese panorama.

Varias empresas que ya están establecidas y con proyectos en marcha venían reclamando una solución a las autoridades. La idea es que algunos contratos -que ya no saben que podrán cumplir los requisitos- se den de baja.

En la Secretaría de Energía y los principales referentes del sector estiman que un 40% de los contratos firmados no podrán llevarse a cabo, porque no cumplen algún requisito.

El Gobierno necesita sacar a los proyectos que no son viables por cuestiones de infraestructura. Los contratos firmados -aún los que no avanzaron- tienen asignada determinados espacios en el transporte eléctrico. Si no van a estar operativos, tanto desde el Estado como las principales empresas prefieren que esa asignación de capacidad de transporte sea volcada hacia los jugadores que tienen inversiones en movimiento.

Las empresas de energía renovable llegaron tras varias rondas de licitaciones llevadas adelante por la administración de Mauricio Macri. Allí se estimaba que abastecerían tanto a Cammesa como a la demanda privada (se lo denomina mercado a término), Tras las devaluaciones que arrancaron en 2018, el negocio se modificó. De todas formas, siguen habiendo anuncios rimbombantes.

Muchas garantías financieras quedaron caducas o sus avales fueron retirados, dejando buena cantidad de proyectos sin financiación. Pero los jugadores con más espalda conectaron con las grandes empresas y firmaron contratos de abastecimiento en ese segmento. Los acuerdos de las energías renovables con el sector privado se volvieron buenas oportunidades.

«El proyecto no funcionó porque se cayó el financiamiento, pero no queremos perder el contrato. Lo más probable es que vayamos a la justicia», se defendieron en una firma chica que tenía avales extranjeros que se fueron del país a mediados de 2019,

«Varios van a ir a la justicia y el proceso se tornará más largo», advierten desde un privado que está bien posicionado.

«Alrededor de un 40% del mercado está pisado por empresas que no cumplieron con los contratos. Necesitamos que se libere capacidad de transporte. De no hacerlo, se restringe la capacidad de crecimiento del mercado a término (con privados)», destacan en otra referente de renovables.

El proceso de depuración no será sencillo, anticipan en el sector. Las compañías que no pudieron cumplir con los requisitos deben presentar una «declaración jurada» de renuncia. A partir de eso, la autoridad de aplicación -secretaría de Energía- deja sin efecto el acto administrativo por el cual se lo incluía en los programas de energía renovable. También deben rescindir sus acuerdos de adhesión al fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).

«Existe un universo de proyectos cuyos titulares podrían finalizar las obras de su central de generación para ingresar en operación comercial, pero necesitan una extensión adicional del plazo convenido para alcanzar la fecha de habilitación comercial», dice el decreto de la Secretaria de Energía.

Los titulares de proyectos sin terminar también pueden solicitar una prórroga de un año para alcanzar la fecha de habilitación comercial, pero deben aceptar reducir el período de abastecimiento y el precio del contrato de abastecimiento.

por Martín Bidegaray

FUENTE: DIARIO CLARÍN/BUENOS AIRES/ARGENTINA