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AYSA analiza lanzar un concurso de precios para comprar hasta 10 MW de electricidad de fuentes verdes.

“No hay mal que por bien no venga”, reza el dicho popular. Eso es lo que parece haberle ocurrido a la empresa estatal Agua y Saneamiento SA (AYSA) tras la quita de subsidios a los grandes consumidores de electricidad que decidió la Secretaría de Energía de la Nación en febrero.

La compañía dirigida por Malena Galmarini planea aprovechar este hecho, que para muchos será un gran perjuicio para sus cuentas, para retornar al negocio de las energías renovables que había mantenido congelado durante dieciocho meses.

AYSA planea lanzar una licitación para asegurarse el suministro de electricidad de fuentes vedes para sus plantas de tratamiento de agua y estaciones elevadoras en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, como parte de su estrategia para cumplir con la ley 27.191.

La normativa de promoción para el desarrollo de las energías renovables establece que las grandes empresas en el país deben adquirir, en un esquema escalonado, al menos un 20% de su consumo de este origen en 2025.

La compañía busca aprovechar el incremento de entre el 30 y 70% que tendrán los precios de la electricidad a partir de marzo, tras la quita de subsidios a la tarifa para grandes consumidores lo que tornarán más competitivas a las generadas de fuentes verdes que se habían encarecido tras la devaluación del peso de los últimos dos años, ya que los contratos entre privados suelen cerrarse en dólares.

Por eso, la empresa estatal se abocará a monitorear la evolución que tendrá los aumento en los costos de la energía hasta fines abril, con el objetivo de lanzar una licitación para comprar renovables durante mayo, explica a una fuente cercana a la firma liderada por Malena Galmarini a BNamericas.

En este concurso de precios, la compañía buscará adjudicar un contrato a 10 años para el suministro electricidad de fuentes verdes para las 16 plantas de tratamiento de agua y estaciones elevadoras, que aún utilizan la originada en centrales térmicas.

Su equipo técnico aún se encuentra analizando la cantidad de energía que podrían contratar en la subasta, lo que dependerá, como en las ediciones anteriores, de los montos que reciba en las ofertas y la disponibilidad con la que cuenten las generadoras.

En 2020, AYSA debió abandonar su intento por realizar la segunda ronda de su licitación para comprar al menos 10 MW de electricidad de fuentes renovables durante 10 años con la que abastecería a sus plantas de tratamiento y estaciones elevadoras.

El proceso lo había lanzado en septiembre de 2019, pero debió postergarlo en varias ocasiones debido a la crisis financiera desatada luego de la derrota de Cambiemos en la elección presidencial.

Finalmente, decidió cancelar el proceso en octubre de 2020, luego de que sus directivos optaran por licitar la compra de energía de origen térmica durante cinco años, ya que la devaluación del peso la había tornado mucho más barata en comparación con las renovables.

AYSA llevó a cabo la primera ronda de su subasta de energías verdes en julio de 2019 y, en esa oportunidad, Central Puerto fue adjudicada con un contrato para suministrarle de 10 MW durante 10 años a un precio de 61,50 dólares por MWh.

En esa licitación también habían presentado propuestas YPF Luz, AES Argentina Generación y 360Energy, que fue descalificada por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que exigía el proceso.

AYSA cuenta con 26 instalaciones catalogadas como grandes consumidoras de electricidad por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) según lo parámetros estipulados en la ley 27.191, ya que superan una demanda media anual de al menos 300 kW.
Entre ellas, se encuentran las estaciones elevadoras Caballito, Lanús, Centro, Villa Devoto, Floresta, Matanza, Paitovi, Saavedra, San Martín, Villa Adelina, Wilde y Quilmes, la de rebomeo Temperley, sus plantas Manuel Belgrano, Boca-Barracas, Norte, Morón, Tres de Febrero y Sudoeste y otras instalaciones.

En 2019, la compañía consumió un total de 597.703,70 MWh y una potencia media 68.231 MW, lo que equivalió al 1,86% demandado en todo el país a lo largo del año, según el último informe de CAMMESA.

AYSA ya cubrió el cupo establecido por la ley 27.191 en 10 de sus mayores centros con la primera licitación que realizó hace dos años, por lo que podría completar lo establecido por la norma si lleva adelante una segunda subasta de iguales características.

Así, la empresa está abasteciendo a sus estaciones elevadoras Caballito, Lanús, Matanza, Manuel Belgrano, Morón, Paitovi, Quilmes, San Martín, Villa Devoto y Wilde con lo generado en el parque eólico La Genoveva II, de 15,75 MW, de Central Puerto, en la provincia de Buenos Aires.

Esta nueva licitación podría ayudar a movilizar al sector de energías renovables que se encuentra prácticamente paralizado debido a la crisis financiera que atraviesa el país desde 2018, a lo que se le sumó la falta de interés que ha demostrado el gobierno de Alberto Fernández desde que asumió el poder 10 de diciembre de 2019.

En la actualidad, hay 4 proyectos eólicos (Wayra I, Santa Teresita, Santa Teresita-A y las Armas) y 7 solares (Nonogasta V, Nonogasta VI, El Puesto, Sol de Bermejo, Los Zorros, La Rioja Norte y Patquía) que cuentan con prioridad de despacho otorgada CAMMESA, con la capacidad de presentarse en la licitación, pero se encuentran totalmente paralizados por falta de financiamiento y las restricciones al giro de divisas al exterior.

Si bien YPF Luz está terminando de construir sus plantas Los Teros II y III, de 50,35MW y 49,80MW, respectivamente, en la provincia de Buenos Aires, desde la compañía aclaran que les queda una pequeña cantidad remanente por vender que no serviría para abastecer la demanda de AYSA.

La unidad energética de la petrolera controlada por el Estado tiene en carpeta desarrollar el parque eólico Cañadón León II, de 20 MW, en Santa Cruz y Genneia planea hacer lo propios con Chubut Norte II, de 26 MW, en Chubut, para venderle energía a los grandes consumidores en el país. Incluso, esta última ya cerró un acuerdo para proveerle a Cargill parte de la electricidad producida allí.

Sin embargo, ambas compañías carecen de contratos de prioridad de despacho con CAMMESA ya que los nodos de conexión a la red nacional están saturados, por algunos proyectos que nunca llegaron a construirse.
Para liberarlos, el gobierno nacional debería tomar alguna medida con aquellos parques que nunca arrancaron con las obras desde que fueron adjudicados con PPAs entre 2016 y 2018, algo que por el momento no ha hecho.

“Si fuera necesario liberar esos espacios, vamos a hablar con CAMMESA para que lo haga para que podamos comprar la energía que necesitamos”, sostiene la misma fuente cercana a AYSA.

Otros proyectos

AYSA también buscará incrementar su consumo de electricidad generada en base a renovables a través de la implementación de su programa de eficiencia energética, con el que busca mejorar la gestión del consumo en los servicios de energía en, al menos, tres de sus estaciones de bombeo y pozos profundos.
Si bien aún no ha terminado de delinear el alcance total que tendrá el proyecto, la empresa busca generar al menos 1 MW de electricidad a través de la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en sus instalaciones para abastecer al sistema de iluminación de las plantas en las que los coloquen, explica la misma fuente.

La compañía estatal aún debe terminar de realizar el estudio de impacto ambiental antes de tomar la decisión de los lugares en los que se llevará a cabo este programa. Esto servirá como primera etapa de un plan de autogeneración más ambicioso que espera desarrollar más adelante.
Este proyecto de eficiencia energética será financiado con una parte del crédito de 300 millones de dólares a 32 años con 7 de gracias del Banco Mundial, que AYSA espera firmar el 22 de marzo, señala una segunda fuente.

Un rumbo diferente

La decisión de la compañía de avanzar en la substitución de energías térmicas por renovables para el consumo de sus plantas va a contramano de la falta de interés por el sector que viene demostrando el gobierno nacional desde que asumió el poder.

La Secretaría de Energía de la Nación recién comenzó a tomar medidas la semana pasada para regularizar la situación de los proyectos que se encuentran paralizados tras quince meses de indefiniciones.

Finalmente, la cartera conducida por Darío Martínez decidió cancelar los contratos que las empresas adjudicadas en la licitación RenovAr 3 (MiniRen) aún no han firmado CAMMESA.

De esta forma, 14 proyectos que habían obtenido PPAs a 20 años en la subasta realizada en agosto de 2019 serán dados de baja y se ejecutarán las garantías de mantenimiento de oferta que presentaron las compañías, luego de que ninguna de ellas los rubricara, a lo largo del último año y medio.
Entre ellos, se encuentran: el parque eólico Adelia María (12,60 MW) y los solares Energías Renovables del Amanecer (9,50 MW), Energías Renovables Los Álamos (9,25 MW), Energías Renovables Los Nogales (9,50 MW), Helios Río Diamante VI (4 MW) y Helios Santa Rosa (5 MW).

Dentro la biomasa, serán cancelados los PPA de las plantas Rosario de la Frontera (5 MW), Gas de Biomasa Fermosa (3,50 MW), Ingenio San Isidro (10 MW) y Ledesma Bioenergía (10 MW).

En el biogás, serán dados de baja El Triunfo (1,50 MW), La Paloma Bioenergía (1,50 MW) y Biogas Venado Tuerto 2 (1, 45MW) y en el de biogás de relleno sanitario, San Martín Norte III D (10 MW).

A su vez, la Secretaría de Energía de la Nación canceló dos licitaciones para la adquisición e instalación de paneles solares que debían utilizarse en la generación de energía eléctrica de 406 escuelas rurales en las provincias de La Pampa, Santiago del Estero y Salta.

Ambas subastas, valuadas en 20,84 millones de dólares, estaban a la espera de que el gobierno adjudicara los contratos, ya que se habían presentado las ofertas y abierto los sobres a fines de 2019, poco antes de que Macri dejara el poder.

Tras más de 15 meses sin tener novedades sobre cuál sería el futuro de ambas licitaciones, que forman parte del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), Martínez, decidió dejarlas si efecto “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia” mediante las resoluciones 126 y 127.
En ambos casos, el fondeo necesario para el desarrollo de estos proyectos estaba a cargo del gobierno nacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en partes iguales.

Para esto, la unidad financiera del Banco Mundial había aprobado en 2015 un modelo de contrato de préstamos con la Argentina para respaldar parcialmente el Permer por hasta 200 millones de dólares.

Finalmente, la Secretaría de Energía avanzó en su objetivo por cancelar los contratos que fueron adjudicados en las distintas rondas de la licitación RenovAr entre 2016 y 2019 y que no lograron avanzar con su desarrollo.
Martínez les concedió una prórroga de 88 días corridos en la fecha de inicio de operaciones comerciales (COD por sus siglas en inglés), a pedido de las empresas que reclamaron que las demoras se produjeron por razones de fuerza mayor por la crisis financiera que viene atravesando la Argentina desde mediados de 2018.

Sin embargo, la Secretaría de Energía hizo un análisis sesgado de estas solicitudes ya que consideró que los impedimentos se produjeron sólo en lapso que va desde el 1 de septiembre de 2019 cuando Macri firmó el decreto 609 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la comunicación “A” 6770 con los que impusieron una restricción a la compra de dólares y el giro de divisas al exterior, hasta la “normalización” de la operatoria tras la publicación de la comunicación “A” 6838 de la entidad monetaria el 28 de noviembre de ese mismo año.

En su reclamo, las empresas aducían que la crisis financiera que se desató en mayo de 2018 y que se fue intensificando a lo largo de la última etapa del gobierno de Cambiemos, fue la circunstancia de fuerza mayor que hizo imposible que pudieran conseguir el financiamiento para desarrollar los proyectos, por lo que pedían que les prolongaran los CODs.

La Secretaría de Energía consideró que estos argumentos “no revisten las características de eventos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de los contratos” por lo que rechazó esta calificación.

Así, omitió el considerar en su análisis el recrudecimiento de la crisis financiera que se produjo en el país desde la asunción de Alberto Fernández, que incluyó nuevas restricciones a la compra de dólares, que obligó a las compañías locales a refinanciar sus deudas de manera forzosa, y al giro de divisas impuesto por el BCRA durante 2020.

Por eso, sólo les otorgó a las empresas una prórroga de 88 días corridos en forma excepcional para que puedan cumplir con los hitos de avance de obra, algo que les resultará imposible de concretar porque ninguna ha comenzado aún con la construcción de los proyectos.

Para conseguir la postergación del COD, las compañías deberán presentar la documentación (contratos de financiamiento y con proveedores) que demuestre fehacientemente que la comunicación “A” 6770 provocó el incumplimiento de los acuerdos que habían firmado y la incidencia negativa que tuvo esta medida en el desarrollo de los parques.

A su vez, les exige que firmen la renuncia a su derecho de accionar legamente contra el gobierno o CAMMESA o el exterior o en el país en el futuro para poder acceder a esta prórroga de 88 días.

Dentro del sector eólico, los proyectos que se encuentran en esta situación son El Sosneado (50 MW), Vientos Fray Güen (100 MW), General Acha (63 MW), Parque Eólico Arauco II (195 MW), Pampa Chubut (100 MW), Los Meandros (125 MW) y Pampa (100 MW).

En el solar, los desarrollos que se encuentran paralizados son Nonogasta II y IV (21,04 MW), Tocota (72 MW), Villa Dolores (26,85 MW), Saujil III (8 MW), Lavalle (17,60 MW), Luján de Cuyo (22 MW), Anchoris (21,30 MW), General Alvear (17,60 MW), La Paz (14,08 MW), Arroyo del Cabral I y II (50 MW), Villa María del Río Seco (20 MW), Cura Brochero (17,68 MW), Los Zorritos (49,50 MW), La Pirka (100 MW), Ullum X (100 MW), Zapata (37,50 MW) y Verano Capital Solar One (99,90 MW).

A estos, se la suman varias decenas de proyectos de menor tamaño fotovoltaicos, de biomasa, biogás, biogás de relleno sanitario y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que tampoco pudieron iniciar las obras por la falta de financiamiento.

Por Hernán Dobry

FUENTE: DESARROLLO ENERGÉTICO