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¿Una oportunidad para acelerar los cambios o una amenaza que profundiza las brechas?

La pandemia nos ha llevado a modificar sustancialmente nuestras vidas, todos lo hemos observado desde Tierra del Fuego hasta México.

Posiblemente, Uruguay es el país de la región con menor impacto en términos comparativos, pero la pandemia está dejando un cráter en toda Latinoamérica y el Caribe.

Nuestra región observará una contracción de sus economías que estará en un rango entre 2 y 15%, según estimaciones de los principales organismos internacionales, con claros efectos en el desempleo, aumento de la pobreza y de las brechas de ingreso en una de las regiones más desiguales del mundo.

En términos de energía, la contracción económica implicará una reducción estimada del 9% de la demanda final respecto a valores del 2019. Esta disminución se dará en mayor grado en los combustibles fósiles destinados a transporte, en relación con la demanda de electricidad; mientras tanto, los sectores comercial y servicios han experimentado una caída drástica de la demanda pero, por el contrario, la demanda residencial de electricidad se ha incrementado en un 20% promedio como resultado de la pandemia, y es de esperar que esta tendencia se mantenga.

Las emisiones de gases invernadero provenientes del sector energía se reducirán en un 14% este año, un efecto superior a cualquier compromiso de reducciones de los acuerdos globales. Sin embargo, este efecto es coyuntural y la permanencia de los impactos positivos de la pandemia en término de abatimiento de las emisiones de CO2 estará asociado profundamente a los mecanismos de reactivación económica que se implementen y cómo las naciones finalmente utilizan esta crisis para generar instrumentos orientados a una recuperación económica sostenible.

En tal sentido la Unión Europea ha implementado profundos incentivos para promover la recuperación económica con foco en las transiciones energéticas y la descarbonización anticipada de sus economías a partir de la aplicación de instrumentos contracíclicos orientados a dinamizar las energías renovables, la eficiencia energética y las inversiones en tecnologías transformadoras del sector, tales como almacenamiento, movilidad eléctrica, digitalización e hidrógeno.

Pero no es de esperar el mismo escenario en Latinoamérica y el Caribe. La pandemia llega en un momento económicamente desfavorable para la región, y la inyección de recursos financieros públicos para esta reactivación no se observa como una alternativa posible, en un escenario de potenciales altos costos de la deuda pública regional, insostenibles niveles de endeudamiento de muchas de las economías, debilitamiento de los precios internacionales de los productos básicos que exporta la región y una necesidad de recursos financieros que deben ser reservados para el fortalecimiento de los sectores directamente golpeados por la pandemia y la atención de la urgencia sanitaria; por lo anterior, no resulta factible esperar una inyección de recursos públicos para una reactivación sostenible, más allá de los limitados recursos que puedan ser aportados por la banca multilateral o agencias de cooperación internacional a nuestra región.

Entonces, si no hay una expectativa de un caudal importante de recursos públicos orientados a instrumentos contracíclicos con foco en una recuperación sostenible, ¿qué podría hacer la región para alentar una recuperación que incluya como elemento dinamizador al sector energía?

No es de esperar que los mercados por sí solos realicen una asignación eficiente e inmediata de los recursos para esta reactivación, ya que, en términos económicos estrictos, existen fallas de mercado y riesgos percibidos por los agentes privados que justifican la necesidad de desarrollar políticas públicas orientadas al levantamiento de las barreras existentes y permitir e incentivar las inversiones.

Existen obstáculos estructurales para el aprovechamiento de los recursos renovables en nuestra región (no es el caso específico de Uruguay), por eso es necesario trabajar en los ecosistemas propicios para las transiciones energéticas que se centren en la captación de inversiones con un alto potencial de generar empleo y que incluyan de forma articulada recursos públicos e inversión privada. Esto involucra cambios necesarios en muchas dimensiones, desde lo regulatorio, hasta el desarrollo de mecanismos que permitan neutralizar los riesgos observados por los desarrolladores de proyectos, muchas veces asociados a la seguridad jurídica y la necesidad de disponer de políticas sectoriales que trabajen sobre un modelo de desarrollo que incorpore al sector energía y su gran potencial, con una visión de largo plazo y continuidad.

No existe un camino único; cada país en función de su dotación de recursos y capacidades debe construir ese sendero orientado a una recuperación sostenible y descarbonizada, pero lo cierto es que debe establecerse una visión, una estrategia y trabajar sobre las líneas de acción necesarias. De lo contrario, la pandemia, en vez de ser un factor dinamizador y acelerador de los cambios, se constituirá en un crudo profundizador de las brechas presentes en nuestra región y en tal sentido el tiempo para reaccionar se acaba. Esto no significa olvidar lo urgente, significa dedicar tiempo y recursos para trabajar en la construcción del futuro.

POR ALFONSO BLANCO (*)

(*) Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). Columnista invitado.

FUENTE: DIARIO EL PAIS/URUGUAY