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Sostener que la situación de pandemia y aislamiento social en diversos países del mundo ha aparejado un beneficio medioambiental no es una afirmación correcta. En el mes del medio ambiente, del viento y del sol, es preciso identificar donde estamos parados frente a la crisis climática para continuar uniendo esfuerzos hacia los objetivos de la Agenda 2030.

Es notorio que en los últimos meses se han reducido de forma violenta el uso del transporte tanto aéreo, como marítimo y terrestre y, de igual forma, la actividad industrial; factores que representan un gran porcentaje de los gases que se emiten globalmente de forma anual. Este suceso, estima la Agencia de Energía Internacional (IEA, por sus siglas en inglés), resultará en un 6% menos de energía utilizada en el mundo en 2020; lo que a su vez lleva a una caída de las emisiones de CO2.

Sin embargo, la crisis climática denuncia una realidad sin precedentes, donde la concentración de dióxido de carbono ha alcanzado más de 417 partes por millón (ppm) en mayo, superando nuevamente el pico del mes anterior. Este valor histórico necesita de un cambio a escala masiva y sostenido en el tiempo para combatirlo; ya que en la medida que se sostengan las mismas bases energéticas de origen fósil, el «efecto rebote» resultará inevitable.

Lo cierto es que un desarrollo industrial global como el existente encuentra un desafío de gran dificultad en su compromiso por reducir su huella de carbono. Para ello, impulsar la descarbonización a través de una transición hacia las energías renovables y limpias resultará una mejora ambiental y económica significativa a mediano plazo.

Los certificados de reducción, también llamados bonos de carbono, aparecen como una alternativa interesante en el primer envión hacia la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en el ambiente. Esta iniciativa internacional, regida por las Naciones Unidas, busca que cada industria pueda calcular las emisiones directas o indirectas de gases contaminantes en cada proceso productivo, desde que comienza la producción de un bien o servicio hasta que llega al consumidor final; conociendo así su huella de carbono. La información obtenida permite iniciar un proceso de cambios para la minimización de sus emisiones y permite, con aquella parte que resulta inevitable por la naturaleza del rubro, ser cancelada a través de los certificados de reducción de emisiones (CERs).

Estos certificados son emitidos, por proyectos, entre otros, de generación de energía renovable y registran la reducción de emisiones que se obtuvieron a partir de la obtención de energía con recursos naturales como el viento, el sol o el agua; en reemplazo de la energía de origen fósil. El objetivo de la adquisición de los bonos desde las empresas productivas se dirige a neutralizar sus emisiones de carbono, apoyando a estos proyectos que contribuyen a la mitigación del efecto invernadero.

La transición hacia una economía neutra en materia de contaminación ambiental es el único camino que tenemos a nivel mundial para torcer el rumbo de la crisis ambiental . La aparición de herramientas que permitan un proceso viable que ponga en acción a los mercados es imprescindible pero no suficiente para lograr la mitigación de la crisis climática. La pandemia ha puesto en agenda la realidad de nuestra naturaleza, demostrando los cambios notorios que se pueden lograr en nuestro planeta si actuamos en conjunto y a largo plazo. Ese es nuestro mayor desafío como sociedad, y nos incluye a todos.

Por: Gustavo Castagnino

Director de Asuntos Corporativos de Genneia

FUENTE: DIARIO LA NACION/ARGENTINA