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Una política de Estado a largo plazo puede transformar al sector en motor de crecimiento económico y social

El Grupo de Ex-Secretarios de Energía, del que soy parte, ha vuelto a someter a la consideración de la dirigencia política y social un documento de consensos que contiene los lineamientos de una política energética de largo plazo (se puede bajar de la página www.exscretarios.com.ar).

El grupo nació en 2009, cuando junto a otros colegas que habíamos ocupado responsabilidades en el área energética en distintas administraciones de la democracia, preocupados por la crisis energética que todavía no era evidente para muchos, privilegiamos el diálogo y la necesidad de superar el problema con políticas de largo plazo que tradujeran acuerdos básicos entre gobierno y oposición. No hubo eco en el oficialismo de entonces, pero sucesivos pronunciamientos y documentos del Grupo de Ex-Secretarios fueron esclareciendo a la opinión pública el diagnóstico del paciente energético y las dificultades que iba a tener su recuperación.

En 2015, los principales precandidatos y candidatos a la presidencia de la República, entre ellos el actual presidente, suscribieron un documento de consensos básicos elaborado y acordado por los exsecretarios. Los lineamientos de ese documento han servido de guía y referencia a las sucesivas gestiones energéticas de la actual administración. La Nación y la mayor parte de las provincias suscribieron en 2017 el Acuerdo Federal Energético, fundado en el documento de consensos básicos.

No es casual que el sector energético, que formó parte de la peor herencia recibida, y que estuvo sujeto a traumáticos reajustes de precios y tarifas, hoy luzca como uno de los más promisorios, en condiciones de volver a proveer energía abundante y a precios competitivos. El diagnóstico y las terapias planteadas en los consensos energéticos permearon el debate de ideas y facilitaron el proceso de cambio. La energía todavía es parte del problema económico, pero puede transformarse en un capítulo clave del programa de desarrollo económico y social que nos debemos. De allí el planteo de estos nuevos consensos, que abordan los principales desafíos de la industria energética argentina en la próxima década. Proponen la necesidad de que la política energética sea asumida como política de Estado y que el sector energético cuente con un plan estratégico de largo plazo «consistente con la necesidad de transformación del modelo productivo argentino». Se insiste en la diversificación de las fuentes de energía, asumiendo la transición gasífera, por ser el gas natural el recurso primario predominante. Dentro de los recursos fósiles, el gas y el petróleo son objeto de especial consideración. Hay que aprovechar el potencial que ofrecen los hidrocarburos no convencionales con Vaca Muerta a la cabeza; con el desarrollo petrolero en lo inmediato, y con el gas natural, que es más abundante, y cuyo desarrollo intensivo implica una estrategia específica de penetración en el mercado regional y en el mercado internacional. Preocupa la caída sistemática de la producción convencional y se recalca la necesidad de que la política energética aliente los programas de recuperación asistida para sumar reservas y reducir las tasas de declinación productiva. Hay que promover nueva exploración como se lo ha hecho en la Plataforma Económica Exclusiva en la exitosa licitación del corriente año, y hay que incentivar la política exploratoria en las áreas de jurisdicción provincial.

Previendo un desarrollo intensivo de los recursos hidrocarburíferos y la consiguiente apropiación de renta petrolera por parte de la Nación y las provincias, se propicia la creación de fondos contracíclicos que acumulen dólares y eviten la apreciación cambiaria de corto plazo con perjuicio de otras actividades productivas. Reconstituidos los mercados mayoristas de gas natural y de electricidad, los precios y las tarifas deberán reflejar costos económicos eficientes. Solo habrá subsidios focalizados mediante la tarifa social. Hay definiciones en materia de biocombustibles (no solo para sustituir importación de derivados, sino también para desarrollar valor agregado exportable) y de inversión en nuevas centrales nucleares e hidroeléctricas. Se vuelve a enfatizar la importancia de la conformación de mercados regionales integrados de energía (gas y electricidad), todo un desafío anticipatorio del relanzamiento de la plataforma regional tras los acuerdos Unión Europea-Mercosur. La eficiencia energética y el desarrollo sustentable cierran la propuesta.

Conviene dejar en claro que los consensos energéticos no propician un blindaje sectorial ajeno a los desafíos políticos y económicos que tiene la Argentina. Primero, porque presuponen la alternancia republicana en el ejercicio del poder. En la República, donde hay pluralidad de ideas, el diálogo acerca a los diferentes y genera mínimos comunes denominadores que se traducen en políticas de Estado. Entre adversarios, entre oficialismo y oposición. No puede haber consensos cuando el diferente es mi enemigo, y donde prevalece el pensamiento único del que se apropia de la voluntad popular. Segundo, porque los consensos asumen que las ventajas y abundancias relativas de los recursos energéticos con que cuenta el país no pueden ser ajenas a la realidad energética que plantea el mundo y sus principales tendencias. No podemos seguir haciendo «ombliguismo» a contrapelo de lo que pasa en la región y en el mundo. Hay una transición gasífera en la matriz mundial que nos favorece, y hay una creciente inserción de energías renovables que se han vuelto más competitivas. Crece la electrificación en la matriz de consumo final, y las redes eléctricas inteligentes están transformando la interacción entre la oferta y la demanda de electricidad.

El cambio climático impone nuevas exigencias para mejorar la productividad energética (reducir la tasa de intensidad) y descarbonizar su oferta. Hay irrupciones tecnológicas que pueden acelerar las transformaciones. Los consensos se formulan con una mentalidad flexible y abierta a los cambios en el paradigma energético mundial; porque los consensos asumen que la microeconomía energética está expuesta como sector capital intensivo a los avatares de la inestabilidad macroeconómica y de un modelo productivo fallido orientado al mercado doméstico que hay que cambiar. Los barquinazos de la política energética están relacionados con los vaivenes de la política económica y las explosiones cíclicas del modelo productivo.

La economía condiciona la energía. Un párrafo introductorio del documento lo expresa: «Se impone, por lo tanto, adoptar un cambio del paradigma productivo argentino de sustitución de importaciones por una estrategia alternativa de valor agregado exportable que es consustancial con el desarrollo de nuestros inmensos recursos energéticos. Para ese desarrollo se requiere del concurso de inversiones de magnitud, las que solo se lograrán con una estrategia energética de largo plazo que asegure estabilidad institucional y opere con un set estable de precios competitivos». En el marco de las instituciones de la República, integrados a la región y al mundo, y en un contexto de estabilidad macroeconómica y nueva orientación productiva, los nuevos consensos energéticos propuestos pueden dar fundamento a una política de Estado.

Por: Daniel Gustavo Montamat

Exsecretario de Energía y extitular de YPF

FUENTE: DIARIO LA NACION/ARGENTINA