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Argentina viene desarrollando una política activa en materia de cambio climático, con construcción de capacidad institucional (gabinete interministerial, observatorio del clima, mapa de riesgos climáticos), pero también con medidas concretas (como las de estímulo a las energías renovables, por citar una). Hasta ahora vimos poco uso de herramientas de análisis económico-ambiental. Por ejemplo, el sistema de mapa de riesgos se limita a impactos sociales, a pesar de saber que las inundaciones provocadas por fenómenos de lluvias extremas tienen altos costos productivos.

Sin embargo, el anuncio de la reforma impositiva contiene un instrumento cuyo funcionamiento está basado en incentivos económicos. Según lo anunciado por el ministro Dujovne, el impuesto a los combustibles se modifica para que dependa del dióxido de carbono (CO2) emitido. Este tipo de instrumento de política es usual en otros lugares del mundo: 21 países tienen impuestos al carbono. En la región, México, Chile y Colombia los implementaron. Los dos primeros forman parte de la OCDE, y el último está en proceso de ingreso. Esto puede explicar por qué la Argentina incorporó tal novedad.

Poco se sabe de los detalles de esta modificación impositiva, salvo la base imponible (en un inicio, los combustibles líquidos). Para pasar a una etapa más concreta, se explicitará la cantidad de toneladas de CO2 que se generan con la combustión de cada tipo de combustible y deberá definirse la tasa (los pesos a cobrar por tonelada de CO2). En los tres países de la región que aplican este tipo de impuestos, toma un valor que varía entre algo menos de uno y cinco dólares por tonelada de CO2. Multiplicando esa tasa por el coeficiente de tonelada de CO2 por litro, se obtiene la expresión de pesos por litro. Sabiendo la cantidad de litros de cada combustible que se vende, se puede estimar la recaudación a obtener de este impuesto.

¿Con qué criterio debería definirse la tasa impositiva? Como lo explicitó el economista inglés Pigou en 1920, los impuestos ambientales, para ser eficientes, deben reflejar el daño social del contaminante en cuestión: el costo social del carbono. Su medición requiere saber los efectos que tiene una tonelada de carbono en las variables climáticas (precipitaciones, temperatura) y cómo impactan sobre las actividades socio-económicas (enfermedades, producción agropecuaria, destrucción de bienes materiales).

Dadas las dificultades en hacer estimaciones del costo social del carbono, a veces se opta, simplemente, por copiar la tasa impositiva de otros esquemas y fijarla en un proceso de prueba y error hasta que se logre bajar cierta cantidad de emisiones, o generar cierto monto de recaudación.

El objetivo último de un impuesto ambiental es controlar las emisiones y, para eso, debe incentivarse el ahorro en el consumo de combustibles, en particular el de los más contaminantes. El diseño final del impuesto determinará su utilidad para cumplir con el Acuerdo de París.

MARIANA CONTE GRAND

Economista, Universidad del CEMA

Fuente: Cronista